España adopta su primer marco nacional de accesibilidad cognitiva

España ha adoptado su primer marco nacional que establece normas básicas de accesibilidad cognitiva y convierte el derecho legal a comprender la información y el entorno en obligaciones prácticas para los servicios esenciales. El real decreto busca ayudar a las personas con dificultades de comprensión a comunicarse, orientarse y realizar tareas cotidianas con mayor autonomía y sin discriminación.

Las normas abarcan la atención sanitaria, los espacios públicos, el transporte, las telecomunicaciones, los servicios de la Administración, los tribunales, el empleo, los espacios culturales y las elecciones. En estos ámbitos, la información y la comunicación deberán hacerse más fáciles de entender mediante opciones como el lenguaje claro, los formatos de lectura fácil, el sonido, los pictogramas, los apoyos visuales y las tecnologías de comunicación. Estos apoyos no deberán suponer un coste adicional para los usuarios ni retrasar su acceso. En los hospitales, por ejemplo, los pacientes que necesiten apoyo cognitivo tendrán derecho a información en lectura fácil sobre tratamientos y medicamentos, mientras que una señalización más clara puede facilitar la orientación en museos y en el transporte público.

La medida se aplica tanto a las administraciones públicas como a los proveedores privados. Está concebida para personas con discapacidad intelectual, autismo, daño cerebral adquirido o deterioro cognitivo, entre otras, aunque también podría ayudar a personas con un bajo nivel de alfabetización y a migrantes que no hablan las lenguas oficiales de España. Desarrolla una ley de 2022, aunque el plazo para aprobar la normativa detallada venció en 2025. El centro español de accesibilidad cognitiva está preparando guías de aplicación y trabajando para simplificar trámites relativos a las declaraciones de impuestos, los documentos de identidad y las solicitudes de ayudas de ingresos mínimos.